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Castilleja de Guzmán denuncia a la Junta por los 123.000 euros de la demolición de la Escuela de Hostelería, como principal condenada

Castilleja de Guzmán denuncia a la Junta por los 123.000 euros de la demolición de la Escuela de Hostelería, como principal condenada
16/11/2018

El Ayuntamiento se vio obligado por sentencia judicial, de 2012 (TSJA) y 2014 (Tribunal Supremo), a ejecutar y costear la demolición del edificio de la Escuela de Hostelería, al anular el alto tribunal el instrumento de planeamiento aprobado por la Junta de Andalucía para permitir la edificación. El proyecto, liderado por el órgano autonómico a instancias del gobierno socialista del municipio, trató de concertar la colaboración del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, que también ha formulado reclamación judicial por los daños sufridos.

Fue el pasado 27 de septiembre de 2018 cuando el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán presentó en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía una reclamación judicial de responsabilidad patrimonial frente a la Junta de Andalucía, interesando que se indemnice al municipio sevillano con el abono de 122.790,80 euros como consecuencia de los gastos que ha debido sufragar a consecuencia de la demolición de la edificación destinada a Escuela de Hostelería, más otros gastos pendientes de cuantificación.

La Escuela de Hostelería concitó los esfuerzos de varias Administraciones Públicas, Ayuntamiento, Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, agrupados bajo el liderazgo de la Junta de Andalucía, que llegó a iniciar la tramitación para la constitución de un Consorcio para la construcción y gestión de dicha Escuela entre dichas entidades, sin llegar a conformase. A pesar de no existir organismo gestor definido, y de que ya las primeras fases conllevaron quejas, avisos y hasta preguntas del Defensor del Pueblo, el proyecto siguió adelante.

Finalmente, y a posteriori, se tramitó y aprobó una modificación del planeamiento urbanístico del municipio para que se diera cabida al proyecto, instrumento que fue aprobado por la Junta de Andalucía que el TSJA declaró ilegal, por no responder dicha modificación al interés general sino a la necesidad de ordenar urbanísticamente la infracción cometida.

Pero además, la sentencia obligaba a demoler la edificación, circunstancia que, si bien el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán como administración garante del orden urbanístico debió acometer, considera en su totalidad responsabilidad de la Junta de Andalucía, administración titular de la competencia y autora del instrumento de planeamiento anulado, además de promotora del proyecto.

El gasto de demolición alcanzó los 122.790,80 euros, que ahora se reclaman, e igualmente se reclaman otros gastos indirectos no cuantificados de momento, pero no será el único proceso judicial que resolverá los perjuicios causados, ya que la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe también ha presentado reclamación judicial por los gastos que sufrió.

El Ayuntamiento luchará porque sea la “madrina” del proyecto y administración competente en las materias vinculadas, el urbanismo en su edificación y las competencias de formación al empleo en su gestión, la que sufrague todas las consecuencias patrimoniales de la ilegalidad de aquella dotación.

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